Mientras la seguridad dentro del sistema penitenciario vuelve al centro de la agenda, cobra vigencia la ley impulsada por Luis Petri que endureció el régimen de ejecución de la pena y garantizó que quienes cometieron los delitos más graves cumplan la totalidad de sus condenas.
El control y la seguridad dentro de las cárceles volvieron a instalarse en el debate público, en un contexto donde crecen las medidas destinadas a reforzar el orden en los establecimientos penitenciarios. En ese marco, vuelve a cobrar protagonismo la Ley 27.375, impulsada por Luis Petri durante su mandato como diputado nacional, que introdujo la reforma más importante al régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad desde 1996.

La norma estableció que los condenados por delitos especialmente graves no puedan acceder a beneficios como las salidas transitorias, la semilibertad y la libertad condicional, garantizando el cumplimiento efectivo de las penas. Entre los delitos alcanzados figuran el homicidio agravado, los delitos contra la integridad sexual, el secuestro extorsivo, la tortura seguida de muerte y el homicidio en ocasión de robo. La ley creó además un régimen preparatorio para la liberación con controles estrictos e incorporó la participación de la víctima en el proceso.

Para Petri, la discusión de fondo es la misma que sostiene desde hace años: que el Estado debe estar del lado de las víctimas y garantizar mano dura frente a quienes cometen delitos graves. En un momento en que la sociedad reclama más seguridad y mayor control dentro del sistema penitenciario, la agenda que impulsa el mendocino vuelve a mostrarse en sintonía con las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional. Una convicción que Petri se propone profundizar como legislador.