La administración Milei ordenó a sus abogados iniciar un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para detener la explotación de hidrocarburos que impulsa el Reino Unido en Malvinas.

Argentina dio un salto en su estrategia por Malvinas: en lugar de quedarse en el plano diplomático, el gobierno de Milei decidió llevar el conflicto por la explotación de petróleo y gas a un tribunal de arbitraje internacional. El mecanismo elegido es el que prevé la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y los equipos jurídicos del gobierno ya están trabajando en eso.

Paralelo a esa movida legal, Argentina intimó al Reino Unido para que no avance ni siga avanzando con ninguna actividad de extracción de recursos naturales en las islas. Es una doble presión: por un lado, la vía judicial; por el otro, la diplomática.

La decisión fue tomada al más alto nivel de la administración y genera expectativa sobre cómo va a responder Londres. Según Clarín, los equipos legales ya recibieron la instrucción formal de arrancar con el proceso.