Londres defendió la prohibición de importaciones desde Cisjordania, mientras que Israel respondió con restricciones a legisladores británicos y exigencias de cierre diplomático.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, ratificó la decisión del Gobierno británico de prohibir la importación de productos provenientes de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La postura oficial británica sostiene que la ocupación de dicho territorio es ilegal y que las medidas adoptadas buscan preservar la viabilidad de la solución de dos Estados. Según las autoridades del país europeo, la inacción ante la situación actual pondría en riesgo la estabilidad diplomática de la región.
La resolución del Ejecutivo británico generó una inmediata respuesta por parte de Israel, cuyo canciller, Gideon Saar, rechazó de forma categórica las acusaciones británicas sobre la dinámica en Cisjordania. Como contrapartida, la administración israelí dispuso la prohibición de ingreso a su territorio para 12 legisladores británicos y exigió el cierre del consulado de Gran Bretaña en Jerusalén Este dentro de un plazo de 30 días, advirtiendo que los países que perjudiquen a su nación perderán influencia en la zona.
A pesar de las represalias diplomáticas dictadas por el gobierno israelí, las autoridades del Reino Unido remarcaron que mantendrán su postura y señalaron que no pueden permanecer impasibles ante los acontecimientos en Medio Oriente. Las represalias mutuas marcan un punto de máxima tensión en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
