La iniciativa propone un nuevo esquema para adolescentes que cometen delitos, con sanciones según cada caso y un enfoque que combina responsabilidad con educación, tratamiento y acompañamiento para que puedan reinsertarse en la sociedad.

El proyecto contempla la creación de dispositivos específicos para el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley, con eje en la continuidad educativa, el tratamiento de consumos problemáticos y programas de reinserción social. Desde el oficialismo sostienen que este enfoque busca reducir la reincidencia y ofrecer alternativas reales de inclusión.

Petri también remarcó que la reforma apunta a equilibrar derechos: por un lado, brindar herramientas al Estado para intervenir frente a delitos graves; por otro, garantizar que los adolescentes cuenten con oportunidades para reconstruir su proyecto de vida. En ese sentido, insistió en que el sistema actual presenta limitaciones para dar respuestas efectivas.

El debate se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y pone en tensión distintas miradas sobre el rol del Estado frente a los menores que delinquen. Mientras algunos sectores advierten sobre el riesgo de un enfoque punitivo, desde quienes impulsan la reforma insisten en que se trata de una propuesta integral, que articula justicia penal con políticas sociales.

Con esta iniciativa, el oficialismo busca avanzar en una modificación estructural del régimen vigente, con la intención de actualizar las herramientas legales y adaptarlas a las problemáticas actuales, en un tema que promete ocupar un lugar central en la discusión parlamentaria.