La dirigente neuquina, hoy en el Congreso, fue condenada por otorgar títulos sin validez oficial. Márquez recibió una probation por “estafa y otras defraudaciones” tras entregar certificados de periodismo sin reconocimiento legal en dos instituciones sin acreditación.

El caso se remonta a 2013, cuando la Justicia investigó el funcionamiento de al menos dos instituciones terciarias que ofrecían carreras —principalmente de periodismo— sin contar con ningún tipo de reconocimiento legal. Según la causa, estos espacios cobraban inscripciones, cuotas y derechos de examen a estudiantes que, al finalizar sus estudios, recibían certificados que no tenían validez en el sistema educativo formal.

Entre los imputados se encontraba Márquez, quien firmaba documentación vinculada a estos institutos. La investigación judicial concluyó que decenas de jóvenes neuquinos fueron perjudicados económicamente y vieron frustradas sus expectativas profesionales tras años de cursada en carreras inexistentes desde el punto de vista legal.

Para evitar llegar a un juicio oral, la actual senadora accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation), una figura legal que implica el reconocimiento del proceso penal y el cumplimiento de ciertas condiciones a cambio de cerrar la causa. El expediente se resolvió en 2016 bajo ese mecanismo.

Testimonios de damnificados dan cuenta del impacto que tuvo la maniobra. Algunos denunciantes señalaron que cursaron durante años con la expectativa de obtener un título habilitante, invirtiendo tiempo y dinero en instituciones que nunca estuvieron habilitadas oficialmente.

El episodio volvió a tomar relevancia en medio de debates políticos recientes, especialmente a partir de la implementación de normativas como Ficha Limpia en Neuquén, que pone el foco no solo en condenas firmes sino también en antecedentes judiciales como el acceso a probation.

Mientras tanto, desde el entorno de Márquez han relativizado el caso y cuestionado la utilización política de estos antecedentes, en un escenario donde su figura gana visibilidad dentro del espacio libertario. Sin embargo, el tema sigue generando controversia pública, sobre todo entre quienes reclaman respuestas por los perjuicios ocasionados y mayor transparencia en la trayectoria de quienes ocupan cargos institucionales.