La norma permite que adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves enfrenten responsabilidades legales, en lo que el diputado libertario calificó como “un paso clave para la seguridad”.

La reforma forma parte del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso, que habilita a que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser investigados y juzgados penalmente cuando cometen delitos tipificados en el Código Penal. La ley establece un sistema judicial específico para menores, con sanciones diferenciadas respecto del régimen de adultos y con instituciones especiales para el cumplimiento de las medidas.

Según el texto aprobado, los adolescentes podrán enfrentar procesos judiciales y, en caso de ser hallados culpables, recibir sanciones que pueden llegar hasta los 15 años de privación de la libertad en centros especializados para menores. La prisión efectiva en cárceles comunes continuará reservada para mayores de 18 años, mientras que el nuevo esquema incorpora medidas socioeducativas orientadas a la reinserción.

Petri defendió la reforma al sostener que muchos menores que cometen delitos graves “saben exactamente lo que están haciendo” y que el sistema vigente no garantizaba continuidad en las sanciones. Según explicó, bajo la normativa anterior un adolescente podía quedar internado en un instituto de menores hasta los 18 años y luego recuperar la libertad, aun cuando el delito hubiera sido grave, lo que generaba una percepción de impunidad en la sociedad.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad del gobierno nacional. Mientras el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para fortalecer la respuesta del Estado frente al delito juvenil, sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas advirtieron que la medida podría no resolver el problema de fondo y reclamaron políticas sociales y educativas que aborden las causas estructurales de la violencia juvenil.