El juez Marcelo Aguinsky halló consumos personales y de lujo abonados con tarjetas corporativas de la entidad, vinculados a una mansión en Pilar.

Una investigación judicial sobre el manejo patrimonial de la conducción de la AFA reveló que vuelos privados, gastos personales, peajes y seguros de una flota de autos de alta gama se habrían pagado con tarjetas corporativas de la institución. El juez Marcelo Aguinsky detectó que esos consumos estarían asociados a una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.

En el marco de la pesquisa, se identificó a un presunto testaferro llamado Luciano Pantano, cuya participación previa en el fútbol de ascenso y su rol en las operaciones financieras despertaron sospechas en el expediente judicial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Aguinsky ordenó dar de baja una tarjeta American Express corporativa a nombre de Pantano que registraba gastos mensuales por alrededor de 50 millones de pesos. Esa decisión derivó incluso en el corte del servicio de DirecTV en la residencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ubicada en Cardales.

En el entramado de la causa también aparecen mencionados Fabián Saracco y Alejandro Molina, ambos oriundos de Santiago del Estero, junto a Juan Pablo Beacon, Francisco Capurro y Mauro Paz. Los investigadores sostienen que no existe una relación comercial clara entre ellos, más allá de sus vínculos con los negocios del fútbol y su cercanía con el tesorero Pablo Toviggino.

La investigación también señala al exdiputado Javier Faroni como una pieza clave en la estructura de recaudación, a través de la gestión de la denominada “marca Messi”. Mediante una firma offshore, TourProdEnter, se habrían canalizado fondos estimados entre 300 y 400 millones de dólares que no figuran en los balances oficiales de la entidad.

Según la causa, el esquema contaría con el respaldo de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, utilizada para el descuento de cheques y préstamos a dirigentes. En paralelo, ante el avance de las actuaciones impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona, la AFA analiza trasladar su domicilio legal a Pilar para evitar el control de la Inspección General de Justicia.