Meteorólogos y entidades profesionales cuestionan al gobierno por evaluar designaciones en la cúpula del organismo que no cumplirían con los requisitos técnicos establecidos por ley.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una fuerte controversia institucional luego de que trascendiera que el gobierno analiza volver a designar al militar retirado Antonio José Mauad al frente del organismo, pese a que no cuenta con formación académica en Ciencias de la Atmósfera. La situación generó un inmediato rechazo dentro de la comunidad científica.
Uno de los principales cuestionamientos fue expresado por el meteorólogo José Bianco, quien advirtió que la eventual designación contradice el estatuto del propio organismo. Según sostuvo, el cargo de director debe ser ocupado por un profesional especializado para garantizar la capacidad técnica y operativa del SMN.
La polémica también fue respaldada por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que recordó que el decreto 1432/2007 establece de manera explícita que la conducción del organismo debe recaer en un experto con título universitario vinculado a la meteorología. Para la entidad, se trata de un requisito clave para la producción de alertas tempranas y la representación internacional del país.
El conflicto se da en un contexto especialmente delicado, marcado por incendios forestales de gran magnitud en la Patagonia y fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones. Desde el sector científico advierten que la falta de una conducción técnica sólida puede tener consecuencias directas sobre la prevención de riesgos y la seguridad de la población.
Bianco fue especialmente crítico al señalar que debilitar los criterios científicos en favor de decisiones políticas puede derivar en fallas graves del sistema de alertas, con impactos que van desde la protección civil hasta la actividad agroindustrial.
Mientras el gobierno evalúa avanzar con un nuevo decreto para resolver la acefalía del organismo, especialistas insisten en que designar autoridades sin la idoneidad requerida pone en riesgo la calidad de la información climática y la capacidad de respuesta frente a una crisis climática que exige decisiones basadas en conocimiento técnico y no en conveniencias políticas.













