La propuesta del gobierno introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, busca reducir la litigiosidad y habilita nuevos regímenes para plataformas digitales.

El gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma laboral que plantea una actualización integral de la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas complementarias. El texto propone un paquete amplio de modificaciones con el objetivo de promover el empleo registrado, modernizar las relaciones laborales y disminuir los conflictos judiciales.

Uno de los ejes centrales es el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que habilita a empleadores a regularizar personal no registrado con importantes beneficios: condonación de multas e intereses, extinción de eventuales causas penales y salida del registro de empleadores infractores. A su vez, los trabajadores incorporados podrán sumar hasta 60 meses de aportes para acceder a la PBU.

El proyecto también introduce modificaciones en la LCT: unifica la registración laboral en el nuevo organismo ARCA, elimina las multas por falta de registración y permite que los empleadores adapten modalidades de trabajo sin alterar elementos esenciales del contrato. Además, se redefine la base de cálculo de las indemnizaciones y se fija un tope, mientras que los convenios colectivos podrán reemplazar el esquema tradicional por un fondo de cese laboral.

En materia de salud laboral, se establece que los trabajadores con disminución permanente deberán ser reubicados en tareas compatibles y que, en caso de no poder hacerlo, el contrato podrá extinguirse con indemnización reducida. También se crea un régimen específico para repartidores de plataformas digitales, que contempla obligaciones formales y derechos como rechazar pedidos o acceder a explicaciones ante bloqueos.

Otros puntos destacados incluyen la actualización de los créditos laborales por IPC más un 3% anual, una reducción de contribuciones patronales para empleadores cumplidores, la ratificación de que quien adquiere un establecimiento asume las obligaciones laborales previas y cambios en la Justicia Nacional del Trabajo, donde la responsabilidad solidaria quedará circunscripta a casos de fraude comprobado.