La Justicia señala esa propiedad de Recoleta como un histórico punto de acopio de bolsos con dinero presuntamente ligado a un esquema de coimas.

El departamento ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en Recoleta, volvió a tomar protagonismo en la causa de los cuadernos. Según la investigación judicial, la propiedad habría funcionado durante años como uno de los principales lugares de acopio del dinero recolectado a través de un sistema de coimas atribuido a ex funcionarios del kirchnerismo.

La acusación sostiene que el departamento del quinto piso era una escala habitual para el ingreso de bolsos y valijas cargados con dólares supuestamente entregados por contratistas del Estado. Durante la instrucción del caso, el juez Claudio Bonadio definió a Néstor y Cristina Kirchner como jefes de una asociación ilícita que recaudaba fondos ilegales destinados al poder ejecutivo y a su círculo de confianza.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, solo en ese domicilio se habrían producido 87 entregas que totalizarían 69,7 millones de dólares. Parte de esa conclusión surgió de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien relató múltiples viajes nocturnos en los que trasladaba bolsos desde oficinas hacia Recoleta.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, Centeno afirmó que el recorrido cambió: los bolsos dejaron de llegar a Uruguay 1306 y comenzaron a tener como destino la casa de Baratta en Belgrano, desde donde, según la investigación, el dinero volvía a circular hacia otros puntos, incluida la Quinta de Olivos. Su declaración como arrepentido dio sustento a ese circuito.

Otros imputados colaboradores reforzaron esa versión. Claudio Uberti aseguró haber entregado allí valijas de más de diez kilos tras reuniones con empresarios y describió haber visto una veintena de bolsos en el interior del departamento. También señaló que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, recibía los fondos y que parte del dinero se enviaba a Río Gallegos.

El ex secretario de Obras Públicas José López mencionó además una entrega de alrededor de ocho millones de dólares en 2007. Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli, el domicilio dejó de ser un punto de recepción tras la muerte de Néstor Kirchner, aunque el flujo de dinero continuó. La propiedad ya figuraba en investigaciones previas: en 2009, Austral Construcciones la alquiló por seis meses a través de la inmobiliaria de Máximo Kirchner.