La fiscalía acusa a directivos de la constructora de integrar un esquema sistemático de pagos ilegales para obtener beneficios en obras públicas. El juicio oral avanza ante el TOCF 7.

La constructora José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y cinco de sus principales directivos fueron formalmente acusados en el juicio por la Causa Cuadernos. Según la fiscalía, la firma habría participado de un circuito de recaudación ilegal destinado a funcionarios nacionales para obtener ventajas en contratos y procesos administrativos.

Durante las audiencias ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, el Ministerio Público Fiscal describió un mecanismo de entregas reiteradas de dinero entre 2003 y 2015. De acuerdo con la acusación, cuatro ejecutivos fueron imputados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que un quinto fue señalado como partícipe necesario.

Los directivos implicados son Tito Biagini, Gerardo Cartellone, José Gerardo Cartellone y María Rosa Cartellone, todos señalados por diez sobornos. A ellos se suma Hugo Alfredo Kot, acusado como partícipe necesario en la misma cantidad de hechos. La fiscalía sostiene que estos aportes buscaban asegurar beneficios o evitar perjuicios en obras estatales.

El esquema descripto incluye una estructura jerárquica presuntamente encabezada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y articulada por el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsubsecretario Roberto Barata. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno continúan siendo un elemento central en la reconstrucción de los hechos.

El debate oral, conducido por los jueces Enrique Méndez Iñori, Germán Castelli, Fernando Canero y el sustituto Néstor Costabel, abarca también a ejecutivos de otras compañías involucradas en maniobras similares. Según la fiscalía, la presunta asociación ilícita utilizaba vehículos oficiales e instalaciones estatales para operar.

Para los acusados, ser señalados como coautores de cohecho activo implica un rol directo en actos de soborno reiterados. La fiscalía afirma que estos pagos no eran excepcionales, sino parte de un entramado de favores que funcionaba como vía de acceso privilegiado a decisiones administrativas.