Jorge Gómez, de la Asociación Civil Salvemos al Tren, cuestionó la gestión, la infraestructura y el costo millonario que debería asumir cualquier operador privado.
Jorge Gómez, presidente de la Asociación Civil Salvemos al Tren, alertó sobre graves deficiencias de gestión e infraestructura en la línea Sarmiento y afirmó que cualquier intento de privatizar el servicio es inviable. En declaraciones radiales, cuestionó decisiones técnicas que afectaron la seguridad operativa y denunció la falta de obras clave.
El especialista criticó la compra de formaciones que “no calzaban bien sobre las vías” y sostuvo que, al cometerse ese error, correspondía adaptar la infraestructura. También señaló la ausencia de trabajos de señalamiento y la falta del tercer riel, indispensables para garantizar energía y funcionamiento adecuado.
Gómez calificó de “escándalo” el soterramiento inconcluso del Sarmiento, una obra que consumió millones de dólares y quedó paralizada tras excavarse apenas siete kilómetros. Recordó que la tuneladora tardó más en llegar que en avanzar y señaló que el proyecto incluía tramos sin vías de escape, lo que evidencia “improvisación permanente”. Afirmó que un viaducto hubiera sido una alternativa más económica y segura.
El presidente de la asociación también mencionó fallas recientes en el sistema de seguridad y recordó incidentes como el choque del San Martín, donde los conductores debieron circular con instrucciones manuscritas. Aseguró que miles de usuarios viajan en condiciones precarias y advirtió que la falta de recursos no puede justificar riesgos para la vida de los pasajeros.
Respecto de la posibilidad de privatizar Ferrocarriles Argentinos, Gómez sostuvo que “nadie la quiere comprar” porque la inversión inicial para garantizar un servicio seguro rondaría los 1.000 millones de dólares. A esto se suma el desafío de corregir años de abandono e infraestructura deficiente.
Finalmente, remarcó que el sistema ferroviario funciona con una tarifa subsidiada en un 80%. Si un operador privado eliminara esa asistencia estatal, el boleto sería impagable, lo que, según Gómez, hace inviable cualquier venta.













