A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo promulgó las normas aprobadas por el Congreso pese al veto presidencial, aunque pospuso su implementación hasta que se asignen fondos en el Presupuesto Nacional.

El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (N.º 27.795) y de Emergencia Pediátrica (N.º 27.796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine los recursos necesarios e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, que fundamentan la postergación en el impacto fiscal que implican ambas normas.

Los decretos aclaran que la promulgación se realiza “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que toda ley con gasto debe prever su financiamiento, y en caso contrario, su ejecución queda suspendida. La Ley de Financiamiento Universitario busca garantizar el sostenimiento de la educación pública y la recomposición salarial docente mediante la actualización automática de fondos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, dispone un control externo de la Auditoría General de la Nación y la adecuación presupuestaria para las universidades públicas a partir del 1º de enero de 2025.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria por un año y prevé recursos prioritarios para hospitales, insumos, medicamentos, vacunas y recomposición salarial del personal de salud. También establece beneficios fiscales, como la exención del impuesto a las ganancias para profesionales que realicen tareas críticas, y reconoce al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia. Una comisión integrada por representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría controlará la ejecución y el uso de los fondos asignados.