El Presidente anuló la norma que garantizaba transferencias automáticas de fondos a las provincias. La decisión, formalizada por el Decreto 652/2025, refuerza la discrecionalidad del Ejecutivo y agrava la disputa con los mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional dispuso este jueves el veto total de la Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, oficializada mediante el Decreto 652/2025, significa un revés para los gobernadores, que buscaban asegurar una vía de financiamiento sin depender de la voluntad del Ejecutivo. El rechazo se suma a los recientes vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia en el Garrahan, incrementando el clima de tensión política.

La iniciativa aprobada por el Congreso el 20 de agosto proponía que los ATN se distribuyeran de manera “diaria y automática”, equiparando el mecanismo al de la coparticipación federal e incorporando los fondos a la masa coparticipable. Además, reconocía la participación de la Ciudad de Buenos Aires y de Tierra del Fuego. El Ejecutivo argumentó que estos recursos fueron creados con un objetivo específico de atender emergencias y desequilibrios financieros, y que la automatización eliminaría la flexibilidad necesaria para su asignación.

El veto llega en medio de la búsqueda del oficialismo por recomponer su relación con las provincias, luego de la derrota electoral en Buenos Aires y de la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Pese a los intentos de abrir canales de diálogo, la decisión de Milei refuerza el control central sobre los fondos y enciende un nuevo conflicto con los gobernadores, que reclaman previsibilidad y autonomía en el manejo de los recursos.