Roberto Espiro Mitar, miembro de la comunidad gitana, fue hallado culpable de trata de personas, unión forzada y violencia sexual. La víctima fue obligada a vender en la calle y a mantener relaciones sin su consentimiento.

En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a nueve años de prisión a Roberto Espiro Mitar por haber “comprado” a una mujer con discapacidad para mantenerla en condiciones de servidumbre, explotarla sexual y laboralmente, y forzarla a una unión no consentida.

La víctima, según reveló la investigación, fue adquirida por el acusado en enero de 2023 a otra familia de la comunidad gitana. Desde entonces, fue forzada a vender productos en la calle, entregar todo el dinero recaudado a la familia del hombre y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. También se comprobó que Mitar la obligó a quitarse el chip anticonceptivo con el fin de forzarla a reproducirse.

La joven logró escapar en marzo de ese mismo año mientras trabajaba como vendedora ambulante, y fue rescatada tras denunciar que era vigilada permanentemente y que no podía tomar decisiones sobre su vida ni sobre su cuerpo.

La Fiscalía calificó los hechos como un caso extremo de violencia sexual y contra la libertad reproductiva, enmarcado en la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó una indemnización de 4 millones de pesos a favor de la víctima.

Durante el juicio, se intentó presentar una declaración notarial en la que la mujer se desdecía de sus denuncias. Sin embargo, luego explicó que había sido localizada por la familia del acusado en San Luis, amenazada y forzada a firmar ese documento. El tribunal desestimó esa prueba por considerar que fue obtenida bajo coacción.

El caso marca un precedente en el abordaje judicial de la trata dentro de contextos culturales cerrados, donde la vulnerabilidad de las víctimas se ve agravada por la discriminación, la discapacidad y la falta de autonomía.