El constitucionalista Félix Lonigro aseguró que una medida ante la Corte Interamericana no prosperaría a tiempo ni tendría efecto sobre su inhabilitación.

El abogado constitucionalista Félix Lonigro rechazó de plano la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda volver a competir electoralmente mediante una medida cautelar presentada ante organismos internacionales. Según explicó, una acción de ese tipo no solo sería inviable en términos de plazos, sino también jurídicamente ineficaz para revertir la sentencia firme que pesa sobre la ex presidenta en la causa conocida como “Vialidad”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Lonigro consideró que la estrategia que estaría evaluando el entorno de Fernández de Kirchner, basada en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene chances reales de prosperar antes de los próximos comicios. “Una cautelar así no llega ni remotamente a tiempo. Además, los individuos no acceden directamente a la Corte. Primero deben pasar por la Comisión Interamericana, que analiza los casos, solicita información al Estado, emite recomendaciones y solo luego, si no hay resolución, lo eleva a la Corte”, explicó.

Aclaró también que la Corte Interamericana no tiene autoridad para invalidar sentencias emitidas por la Justicia argentina. “La Corte Suprema ha sostenido que sus fallos no pueden ser revisados por órganos internacionales, ya que eso implicaría ceder soberanía y habilitar una cuarta instancia judicial”, remarcó el jurista.

Lonigro agregó que los tratados internacionales con rango constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, no están por encima del ordenamiento legal interno: “Tienen jerarquía constitucional, pero no pueden desplazar nuestras instituciones ni revertir decisiones judiciales nacionales”.

En cuanto a otras posibilidades legales, planteó el debate en torno a un eventual indulto presidencial y hasta qué punto ese recurso podría alcanzar también la inhabilitación política. “Es un tema aún sin definición clara. Si un presidente decidiera otorgar un indulto, habría que ver si eso incluye solo la pena de prisión o también la prohibición para ejercer cargos públicos. Eso queda sujeto a interpretación, y no hay precedentes firmes sobre el asunto”, concluyó.

De esta manera, el especialista puso en duda la viabilidad de cualquier intento de habilitación política para la ex mandataria en el corto plazo por vía judicial o internacional.