El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público sigue escalando. Tras la reducción del presupuesto destinado a las universidades en 2024 y la falta de actualización en lo que va de 2025, los rectores, docentes y estudiantes han comenzado a organizar protestas masivas en defensa de la educación superior.

La situación es crítica en muchas instituciones: falta de recursos para el mantenimiento de edificios, demoras en pagos a proveedores, y suspensión de proyectos de investigación. Universidades como la UBA, la Universidad de Córdoba y la de La Plata advirtieron que, de no mediar una solución, algunas facultades podrían suspender actividades por falta de fondos.

El reclamo no es nuevo, pero sí ha tomado un cariz más político en las últimas semanas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que denuncia un “intento de desfinanciamiento sistemático” y convoca a una gran marcha federal para el 23 de abril. La protesta promete ser masiva, con la adhesión de sindicatos docentes, centros de estudiantes y agrupaciones sociales.

Desde el Gobierno, la respuesta ha sido ambigua. Mientras algunos funcionarios aseguran que se está trabajando en una actualización presupuestaria, otros insisten en la necesidad de “revisar” el funcionamiento del sistema universitario y eliminar lo que consideran “gastos innecesarios”.