La presentación del proyecto de Ley Antipiquetes por parte del Ejecutivo generó fuertes tensiones internas dentro de la coalición oficialista. Mientras el presidente Milei defiende la iniciativa como una herramienta para “garantizar el libre tránsito y el orden público”, varios legisladores aliados expresaron su preocupación por el alcance de las medidas y sus posibles efectos sobre el derecho a la protesta.

El proyecto propone penas más severas para quienes bloqueen calles y rutas, y habilita a las fuerzas de seguridad a intervenir de forma más directa ante cortes no autorizados. Organismos de derechos humanos y sindicatos ya anticiparon movilizaciones masivas y advirtieron que se trata de un intento de criminalizar la protesta social en un contexto de ajuste económico.

En paralelo, algunos gobernadores de provincias clave manifestaron su incomodidad con el proyecto, temiendo un aumento de la conflictividad social. La discusión legislativa promete ser tensa y el tema ya se posiciona como uno de los grandes debates políticos del año.