Imputan a Julio Garro por la autorización ilegal de 400 barrios privados en La Plata, con un fraude estimado en 1.500 millones de dólares.

La Justicia imputó este lunes al exintendente de La Plata, Julio Garro, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización irregular de 400 barrios privados en la ciudad. La investigación también lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Allanamientos y empresas involucradas

En el marco de la causa, se están llevando a cabo allanamientos en diversas propiedades y oficinas relacionadas con exfuncionarios municipales y empresarios del sector de la construcción.

Entre los domicilios allanados figuran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., que habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.

El esquema de corrupción bajo la lupa

Según la investigación, se detectó un mecanismo de corrupción en el que se exigía a los desarrolladores inmobiliarios la contratación de una empresa constructora, presuntamente vinculada a funcionarios de la gestión de Garro, como condición para la urbanización de los barrios.

Además, se investiga la relación del exintendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares.

Impacto económico del fraude inmobiliario

La causa estima que el perjuicio económico ocasionado asciende a 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias de 1.500 millones de dólares.

Entre las pruebas recabadas figuran:
• Documentos alterados en expedientes municipales
• Sobreprecios en obras públicas
• Desvíos de fondos en convenios urbanísticos

Investigación en curso y posibles nuevas imputaciones

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó allanamientos, registros y secuestro de documentación para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

La Justicia sigue avanzando en la investigación y no se descartan nuevas imputaciones, en un caso que pone en jaque la legalidad de cientos de desarrollos inmobiliarios en La Plata.