El Gobierno argentino anuló la licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná tras recibir una única oferta formal, a pesar del interés inicial de once empresas. La concesión, prevista por 30 años, buscaba modernizar la principal vía fluvial del país, por donde transita el 80% de las exportaciones agrícolas. Ante la falta de competencia en el proceso, el Ejecutivo decidió declarar nula la licitación e inició una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia por presuntas irregularidades.

La única empresa que presentó una propuesta fue la belga Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME), a la que el Gobierno sospecha de haber ejercido presión sobre otros competidores para desalentar su participación. “La única oferta fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de falta de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien pidió investigar penalmente a los responsables.

Desde la compañía belga negaron las acusaciones y aseguraron que su oferta se presentó con el objetivo de demostrar la competitividad de sus costos y la excelencia técnica de su propuesta. Además, señalaron que no fueron los únicos en cuestionar la transparencia del proceso, sugiriendo que las condiciones de la licitación ya presentaban fallas desde el inicio.

El director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, ratificó el compromiso del Gobierno con la modernización de la hidrovía y advirtió que se tomarán medidas legales contra quienes hayan intentado sabotear el proceso. Mientras tanto, la anulación de la licitación deja en suspenso el futuro de una de las infraestructuras logísticas más importantes para el comercio exterior argentino.